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Tue, Oct

ODEBRETCH: UNA PAPA BIEN CALIENTE

Opinion
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Faltando todavía 48 horas para que venciera el plazo de la extensión concedida por el Magistrado de la Suprema, Francisco Ortega Polanco, Juez Instructor de la causa, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dio inicio a la que será sin dudas una prolongada y muy controversial  travesía jurídica del expediente acusatorio de la ODEBRETCH.

El anuncio lo hizo el alto funcionario fiscal, desde su sede,  en una alocución en vivo durante la cual contó con la compañía de los fiscales que llevaron a cabo las investigaciones del caso.   Fue un proceso que se tomó cerca de año y medio, en cual se solicitó información a Brasil, donde radica la empresa constructora y a otros países, y en el cual intervino también un equipo del FBI.  

Fue copiosa la información recibida.  La más reciente provino de Panamá, con amplia documentación que fue preciso verificar, revisar  y entrelazar  en tiempo extra, y que hizo temer no pudiera ser utilizada a tiempo.  Es de suponer que el trabajo pudo completarse, en tanto el Procurador no hizo mención a posible exclusión. 

No ocurrió así, en cambio, con las dilatadas auditorías por parte de la Cámara de Cuentas de las distintas obras ejecutadas y en proceso a cargo de la ODEBRETCH a fin de determinar si  el voluminoso sobre costo de mil doscientos o más millones de dólares acumulado entre todas  por las diferencias entre el presupuesto inicial y el monto final arropa acciones dolosas sobre lo que hay serias y justificadas sospechas.

Lo realmente novedoso en la presentación que hizo el Procurador General fue la exclusión provisional de ocho de los implicados y la incorporación de uno que no figuró en el grupo inicial de los sometidos.  Por el contrario, se esperaba que aumentara el número de sometidos, y así cabía suponer partiendo de sus propias declaraciones previas en el sentido de que habían surgido los nombres de nuevos implicados.

Los ocho beneficiados, contra los cuales según informó, no se pudieron reunir pruebas concluyentes con mérito suficiente para ser llevados a juicio de fondo son los ex vicepresidentes de la CDEEE, César Sánchez y Radhamés Segura; ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, ex funcionario de la misma; el empresario Máximo D´Oleo; el diputado y vocero en la Cámara del PRM, Alfredo Pacheco; Ruddy González, ex diputado del PRD; Juan Temístocles Montás, ex ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y el senador del PLD por Santiago, Julio César Valentín.

El nuevo incorporado al expediente acusatorio, que no figuraba en sus inicios, es el ex presidente del Senado Jesús “Chú” Vásquez, quien pasa a formar filas con los otros seis implicados del grupo original que ahora enfrentarán el juicio de fondo,  con lo que ahora suman siete. Son ellos,  el empresario Angel Rondón, sobre el cual gira la acusación de ser el eje de la operación de soborno para la obtención de obras del Estado; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado  Pittaluga; el ex presidente del Senado, Andrés Bautista; el ex director de INAPA, Juan Rodríguez Hernández y el senador de San Cristóbal por el PLD, Tommy Galán.

La tarea que le espera a la Procuraduría no es fácil, ya que tendrá que desenvolverse en dos frentes.  Por un lado, en el ámbito judicial, presentando un expediente acusatorio acompañado de pruebas suficientemente sólidas que desde el punto de vista jurídico permitan establecer sin margen a dudas la culpabilidad de los acusados. 

Y en un segundo escenario, que sin dudas será el de manejo más difícil y conflictivo. Por un lado, la Marcha Verde que cobra vida de nuevo bajo la consigna de que “No están todos los que son” y por otro,  el de las redes sociales congestionadas de acusaciones de parcialidad, críticas por las exclusiones de los favorecidos y las no inclusiones de otros en el expediente.   Sobre todo, dudas de que realmente haya interés y empeño en poner al descubierto todas las ramificaciones y complicidades que se atribuyen al caso y en sancionar a los culpables en lo que sería el punto de inflexión de la lucha a fondo contra la corrupción.

Sin dudas, para el Procurador General y el Poder Judicial, la ODEBRETCH viene a resultar la clásica papa cliente, donde es más que probable que salgan muchas manos quemadas.

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